María Luisa Balaguer

Todos a la cárcel

La soledad

La soledad

Una sociedad en la que los jueces han de dedicar una buena parte de su tiempo a juzgar a sus gobernantes, no puede considerarse una sociedad de calidad democrática. Los dirigentes deberían dictar normas para que la ciudadanía se conduzca con honestidad y probidad, pero habría que dar por supuesta la excepcionalidad de la conducta desviada de la clase política, que en ese sistema democrático, debería liderar la moralidad y los contenidos éticos de sus políticas.

Pese a que se quiere dar a entender que son comportamientos excepcionales, la corrupción de los políticos de un amplio espectro ideológico, adquiere dimensiones epidemológicas, de modo que desde los entes locales al propio Parlamento Nacional, pasando por algunas importantes Comunidades Autónomas, cada día se conocen casos nuevos de corrupción, que los partidos políticos intentan individualizar en comportamientos aislados de personas concretas.

No es así. La corrupción política es endémica y tiene un efecto devastador en la opinión publica, en la medida en que produce una de las mayores desigualdades sociales, la que deriva de la diferente exigencia de comportamientos sociales. Cualquier particular que incurra en una irregularidad administrativa, deberá abonar una sanción, que a veces excede de sus posibilidades económicas, mientras que algunos presidentes de comunidades autónomas han disfrutado tráfico de influencias juzgados por tribunales como conductas perfectamente honorables.

Pero la mayor injusticia probablemente derive de la subversión del sistema judicial que produce la necesidad de que policías, jueces y tribunales, hayan de distraer su atención a la ciudadanía, para solventar macrojuicios de meses de duración, con un coste económico y de medios humanos importantísimo, que tendría que estar destinado en principio a solventar los procedimientos que demanda la ciudadanía. La litigiosidad de un país no puede derivar del incumplimiento normativo de su clase política, sino de las exigencias de los particulares.

En estos días se juzgan nuevos casos de la histórica corrupción de Marbella, o el caso Noos con implicaciones de personas próximas a las más altas instituciones del Estado, y la ciudadanía contempla con estupefacción, como una demanda por incumplimiento de contrato, puede tardar más de dos años en tramitarse, mientras el aparato judicial tiene que volcarse en juzgar conductas de aquellas personas que deberían haber estado a nuestro servicio.

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