María Luisa Balaguer

Política y teatro

Los títeres no son la política

Los títeres no son la política

Un juez ha dictado auto de prisión incondicional contra dos actores que representaban una obra satírica, y ha considerado que el cartel que colgaba de uno de los títeres, constituía una apología del terrorismo.

La apología del terrorismo es un delito que fue incorporado al Código Penal como una medida para la erradicación del terrorismo, y fue recibida por la doctrina penalista con una fuerte oposición, por entender que en el ordenamiento jurídico no deberían tener cabida los delitos de opinión.

El contexto en que se regula este delito, tiene que ver con la ilegalización de aquellos partidos políticos que en su día no condenaban las actividades de la organización terrorista ETA.

Para aplicar ese precepto a una obra de ficción, que se desenvuelve en un marco de distorsión de la realidad, es necesaria una justificación bastante más razonada de la que efectúa el auto de procesamiento. En primer lugar, la mínima relación de causa a efecto, de que la obra tiene pretensiones de incitar a actos terroristas, que es exactamente en lo que consiste la apología del terrorismo en su significación jurídica, según ha venido recogiendo la jurisprudencia. Y en segundo lugar, la proporcionalidad de la medida de limitación del derecho a la libertad de expresión, en relación con el bien jurídico que se pretende proteger, y que no aparece claramente establecido. ¿Es el orden público, el que se conculca, cuando una marioneta sostiene un letrero con un nombre, tergiversado por otra parte en un juego de palabras?.

La confusión entre realidad y ficción, creo que encubre otra más importante: la de extender una cortina de humo sobre delitos reales, exorbitando una situación que como mucho podría haber sido poco indicada para un público poco formado.

La puesta en libertad con cargos, por la que se estima el recurso de los imputados al que Ministerio Fiscal no se opone, intenta corregir inútilmente una resolución judicial incomprensible, porque viene a considerar que se han aportado datos documentales que anteriormente no figuraban en el proceso como los domicilios, DNI o profesión. ¿Acaso no fueron circunstanciados al ser detenidos y llevados a presencia judicial?.

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